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La
opción por los ricos
Por Horacio Verbitsky
La feliz expresión del título es de Gabriel
Fernandez, director de la revista alternativa La señal
medios, y describe un estado de ánimo que atraviesa
todo el arco ideológico de las clases medias, rurales
y urbanas, que buscan su identidad en lo alto de la escala
social. “Un paro, un mensaje radial, un brulote en
la edición digital de un diario, algún cacerolazo,
la charla en el barrio, muchos mails. Y, para los que no
reniegan de su afán de justicia, un buen sacudón
para quedar a la izquierda y clamar la reforma agraria”,
dice Fernández.
“Si antes una franja apreciable de la comunidad media
abandonaba su confort para cooperar con la liberación
en general y con la mejoría en la vida popular en
especial, ahora otro sector de ese segmento llamea y se
compromete: vamos a luchar por los ricos, ésa es
nuestra opción. Comerciantes, profesionales y no
pocos rascas han resuelto considerar indignante que multimillonarios
dirigentes rurales paguen impuestos. Y aún más:
evalúan disparatado que el Estado les exija blanquear
parte de su producción y su personal. Y así
como una generación de muchachos de las capas medias
bregaron por la justicia social para todos, ahora tenemos
a una pequeña multitud que lucha para expandir la
pobreza. Es tan solidaria esa entrega, que se incluye.”
Fernández tenía 23 años cuando terminó
la dictadura. Con una voluntaria entonación jauretcheana,
explica que de volver a gobernar la Sociedad Rural y sus
aliados “volverán a caer las ventas para los
pajarones que crecieron en los últimos cuatro años
y volverá a resentirse el espacio comercial de técnicos
y profesionales que han cambiado sus autos y arreglado sus
casas. Ahora bien, todos esos marmotas, al sumarse a esta
protesta para evadir impuestos y negar el blanqueo, nos
privan de verdaderas, genuinas y necesarias exigencias de
justicia social para el conjunto de la población;
demandas que bien podrían estar asentadas en ese
crecimiento”. Mientras sindicatos y organizaciones
sociales plantean la necesidad de mejoras salariales, condiciones
laborales más justas y distribución equitativa
de la riqueza, para lo cual es necesario trascender el modelo
agroexportador para impulsar una Argentina industrial, enlazada
a América latina, “la gilada los mira y dice
son patota alquilada por el gobierno. Se desmarca de la
negritud y con aires republicanos se zambulle en el afán
justiciero para pedir que el país vuelva atrás,
en lugar de salir hacia adelante. Debido al exasperante
poder de las compañías concentradas y a los
efectos del lockout, los precios aumentan. En lugar de cuestionar
al Estado por no imponer su poder y controlarlos a fondo,
se solidariza con los formadores de precios y con los cortes
que impiden el paso de mercaderías”. No se
trata de sobreestimar la contribución de los medios,
dado que “los boludos de izquierda a derecha y del
centro al vacío no necesitaron de grandes conglomerados
televisivos para apoyar los avances liberalconservadores
en el ’55 y en el ’76. La opción por
los ricos atraviesa su ser. Es un compromiso serio, coherente
y de larga data, una convicción, un programa activo,
una manera de acercarse a la cúspide aunque sea como
masa de maniobra”.
Con cuestionarlos, no basta, dice Fernández, porque
cuando la sociedad se debate entre elaborar un futuro mejor
o retomar la receta del atraso, estos segmentos eligen el
deterioro aunque los incluya y los damnifique. “Con
su vocecitas amplificadas opacan las voces de quienes necesitamos
cuestionar aspectos centrales de la política oficial
con el objetivo de debatir empleo, industria, energía,
recursos naturales, finanzas, impuestos e ingresos desde
una perspectiva nacional y popular. Y ante la posibilidad
del emerger de un émulo de José Alfredo Martínez
de Hoz, emblocan a quienes no podemos admitir una salida
por derecha de este panorama”. Estos comodines de
la oligarquía exigen “de un pueblo que brega
por mantenerse consciente en medio de la bulla, un razonamiento
profundo para establecer una política que los fragmente,
los anule y, en tanto sea posible, los disuada de semejante
lugar en la historia”.
El gobierno no ha sido eficaz en neutralizar la capacidad
de acción política de quienes anhelan ser
pobres y optan por promover a quienes los esclavizan. Por
eso, se siente como una necesidad colectiva la elaboración
de una alternativa superadora del proceso en marcha, que
apuntale sus aciertos y releve sus torpezas. “Miles
de argentinos han resuelto luchar por los señorones.
Ya lo han hecho antes, con éxito, y han contribuido
a hundir una gran Nación. Tendremos que reflexionar
a fondo qué haremos nosotros”, concluye Fernández
(arriba)
LA
ECONOMIA EN NEGRO, OBSTACULO A LA SOLUCION
Plan de evasión
Recién
a lo largo del conflicto el gobierno terminó de advertir
la magnitud y complejidad de los mecanismos de evasión
del campo. Esa generalizada ilegalidad es un obstáculo
a la solución, porque las compensaciones oficiales
requieren el registro de cada operación y sus actores.
Financieras, consignatarios, jueces, empleados de la propia
AFIP forman parte de esa red que vende evasión. El
escándalo llegó hasta las revistas del corazón.
Un cardenal transgénico con tierras en Suipacha.
Por Horacio Verbitsky
La
jornada Cuando se cumplen tres meses del alzamiento de las
cámaras patronales agropecuarias contra un aumento
en los tributos a las exportaciones de soja, la generalizada
informalidad del sector surge como el principal obstáculo
para la solución de un conflicto que está
afectando los indicadores macroeconómicos y el abastecimiento
de la población. Fue necesaria la profundización
del desafío para que el gobierno advirtiera hasta
qué punto la economía agropecuaria realiza
sus negocios al margen de la ley y con porcentajes astronómicos
de evasión impositiva. Incluso uno de los principales
directivos de la Federación Agraria está sometido
a proceso por ese delito.
La ausencia de esta problemática empobrece el análisis
de los autopostulados guías alternativos de la patria
confundida, como el gobernador socialista de Santa Fe, Hermes
Binner, quien apeló a lo peor del repertorio histórico
para proponer una salida “sin vencedores ni vencidos”,
o el cardenal Jorge Bergoglio y la Iglesia Católica
Apostólica Romana que preside, para quienes la presidente
podría “remover los obstáculos que desencadenaron
esta situación”, si sólo tuviera “un
gesto de grandeza” y dejara de “empeñarse
como parte en los conflictos” y en cambio pensara
como responsable “del bien común”. Luego
de varias reuniones con las cámaras patronales, el
Episcopado decidió arrojarles un cable que las rescate
del atasco en que se han metido.
CFK aceptó recibir el martes a Binner y no se prevé
un encuentro con los hombres de negro. Si lo hubiera, de
todos modos, no escucharían nada distinto de lo que
el jefe de gabinete Alberto Fernández les dijo a
los atropelladores jinetes de la mesa de enlace, Kirchner
a sus compañeros del Partido Justicialista y distintos
funcionarios del gobierno al público en general:
el gobierno ha hecho todo tipo de concesiones y ante cada
una la respuesta fue una nueva exigencia, por lo que no
habrá más negociaciones bajo amenaza. Cristina
y Néstor Kirchner se disponen a una larga resistencia
política ante el embate de un sector fundamental
del poder económico que intenta colonizar al gobierno
imponiéndole sus decisiones por la acción
directa, sin otra consideración que sus intereses.
Es lo que el gran capital viene haciendo con todos los mandatarios
electos por el voto popular desde que terminó la
dictadura (pero no el miedo que inoculó, ese gran
disciplinador, origen de todas las claudicaciones y posibilismos).
En cambio Binner, Bergoglio, los principales medios de comunicación
y otros actores de menor relevancia del mismo espectro actúan
como si existiera una confrontación de bandos de
la que sólo ellos, como representantes de un interés
superior, podrían rescatarlos.
Bendita soja transgénica
La jerarquía católica es un aliado invalorable
de los rebeldes. El responsable de los asuntos políticos
del Episcopado, Alcides Jorge Pedro Casaretto, fue el primero
en reunirse con el jefe de la Sociedad Rural. Este fin de
semana realizó como todos los años su denominada
“Semana social” en Mar del Plata. El viernes
y ayer recibió a políticos y sindicalistas
para debatir acerca de un “Nuevo liderazgo político
y social y la justa distribución de los bienes”.
Hoy sacarán sus conclusiones. Fueron invitados la
presidente del Banco Nación, Mercedes Marcó
del Pont, los economistas de la oposición Claudio
Lozano, Carlos Melconian y Alfonso de Prat Gay y el gobernador
Binner. También se presentó el Barómetro
de la Deuda Social que maneja la Universidad Católica
dependiente del Episcopado. Todos los asistentes interesados
en la pobreza recibieron una conferencia del cardenal italiano
Renato Rafaele Martino, que preside el Consejo de Justicia
y Paz del Vaticano. En contra de lo previsible para la tradición
católica, Martino se pronuncia desde hace años
a favor de los organismos transgénicos, como la soja
RR, porque “podrían paliar el hambre en el
mundo”. Menos sabido es que Martino aprovecha estos
viajes para visitar los campos que posee en Suipacha, la
rica zona sojera del oeste de la provincia de Buenos Aires.
El fantasma del koljós
El nivel de informalidad que el gobierno fue descubriendo
se ha convertido en la principal dificultad para cualquier
discusión con el sector agropecuario. Esto explica,
también, la obsesiva referencia de las entidades
patronales a “la caja” o a “la chequera”
oficial, ante la que no estarían dispuestos a postrarse
porque ellos tienen dignidad (¿les recuerda algo?).
Así intentan deslegitimar al Estado que recauda los
tributos y ejecuta los gastos.
Cuando el gobierno incrementó las retenciones, lo
hizo sin los habituales trascendidos que permitían
a los exportadores registrar operaciones por adelantado
al valor anterior y obtener ganancias espurias por miles
de millones de dólares. En cuanto se anunció
la resolución, el jefe de gabinete convocó
a las entidades para analizar las compensaciones que el
gobierno desde el primer día estuvo dispuesto a ofrecer
a los productores más pequeños y/o más
distantes del puerto de Rosario. Para su asombro, la respuesta
fue el primer lockout, que se extendió cada vez que
el gobierno reiteró la invitación. Los hombres
de campo no saben de papeles, argumentó Eduardo Buzzi,
cómoda fantasía originada en su antigua militancia
partidaria, que consideraba precapitalista y arcaico al
sector más moderno e innovador de la economía
argentina. Cuando el gobierno replicó que la compensación
se depositaría en la cuenta del productor contra
la acreditación de la venta realizada y el número
de identificación bancaria que otorga la AFIP, surgió
la amenaza de una prolongación de la protesta por
tiempo indefinido. La Federación Agraria dejó
por escrito su contraoferta: que las cooperativas y acopiadores
actuaran como agentes de retención y que la AFIP
no pagara en forma individualizada a cada productor. Como
resultado, sólo 114 de los 62.900 productores habilitados
a percibir la compensación, que alcanza a muchas
decenas de miles de pesos, la solicitaron a la Oficina Nacional
de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). La queja más
flamante que incorporaron es por la resolución de
la ONCCA que obliga a informar a quienes deseen comercializar
granos y/u oleaginosas el volumen que han almacenado, dónde
lo guardan y a qué cosecha pertenece. Una medida
tan elemental de mero conocimiento de existencias ha sido
comparada con la colectivización forzada del agro
soviético el siglo pasado (sic).
Qué porte
Desde octubre del año pasado, las delegaciones de
la AFIP en Resistencia, Río Cuarto y Córdoba
detectaron la utilización de personas indigentes
y de tribus aborígenes del Chaco, para obtener las
cartas de porte necesarias para la comercialización
de granos y oleaginosas. La carta de porte es el único
documento que da respaldo legal al traslado automotor, ferroviario
o fluvial de mercancías, con cualquier destino. Esos
formularios, emitidos en conjunto por la secretaría
de Agricultura y por la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) son los documentos de tránsito
obligatorios mediante los cuales se reflejan los movimientos
físicos de los granos en las distintas etapas de
su comercialización. Sus usuarios legítimos
son los productores, comerciantes, industriales o prestadores
de servicios y no pueden transferirlos, cederlos, prestarlos
ni endosarlos bajo ningún concepto. Las cartas de
porte deben llevar el número de inscripción
de su titular ante la ONCCA y un código de autorización
de uso de la AFIP. Desde entonces no es válido el
remito para documentar el ingreso de un cargamento a una
planta de almacenamiento de granos. En papel o en formato
electrónico, la carta de porte identifica a la empresa
cargadora y/o la que expide las mercancías, al transportista,
con la matrícula de sus vehículos, y al destinatario
o consignatario del envío. El documento también
contiene el tipo y magnitud de la mercancía que se
desplaza. Si un transportista es descubierto durante un
traslado sin la carta de porte, la AFIP lo suspende de su
registro de operadores en compraventa de granos y legumbres.
El caso de Río Cuarto
Debido a las maniobras descubiertas para burlar ese mecanismo
y evadir los impuestos correspondientes, la AFIP intervino
esta semana su delegación regional Río Cuarto
y promoverá el juicio político del juez federal
de Bell Ville y subrogante de Río Cuarto, Oscar Armando
Valentinuzzi. Cuando la AFIP intentaba suspender en el registro
a transportistas descubiertos sin carta de porte o con documentos
obtenidos en infracción, Valentinuzzi otorgaba medidas
cautelares y/o amparos que permitían la prolongación
de los delitos. En muchas de las causas en las que el juez
fallaba de ese modo, intervenían el abogado Ignacio
Oría, ex socio de un ex funcionario de la AFIP con
el apropiado apellido Contador, y el contador Marcos Alberto
Sequeira. Como vive en la ciudad de Córdoba, Sequeira
necesitaba constituir un domicilio legal en Río Cuarto.
Por lo menos en tres casos lo hacía en el estudio
jurídico del hijo de Valentinuzzi. Así, la
cooperativa COTRAGRO consiguió de la AFIP la devolución
de 2,1 millones de pesos mientras seguía la causa.
Otra, TEX Argentina obtuvo una medida cautelar que impide
a la AFIP iniciar cualquier reclamo por el impuesto a las
ganancias y el IVA desde 2003 hasta 2005. Valentinuzzi también
impidió con medidas dictadas en Bel Ville que la
AFIP suspendiera del registro fiscal de operadores de granos
a empresas que habían cometido las infracciones en
otras jurisdicciones: Raúl Oscar Heredia, en Córdoba;
Compañía de Tierras en Paraná; El Vinal
en Santiago del Estero; Perinagro en Santa Fe; Santo Tomasso
en Rosario; agropecuaria Siete Leguas en San Luis.
Muy Pía
Según la investigación de la AFIP, en este
país amante del varieté quien conseguía
a los monotributistas insolventes que firmaban las cartas
de porte necesarias para la evasión y el cobro de
los cheques era la abogada María Pía Cardozo,
empleada en el área de Saneamiento de títulos
de la municipalidad de Río Cuarto, y novia del viudo
más famoso del país, Marcelo Macarrón.
Cuando la esposa de Macarrón fue estrangulada en
Río Cuarto, hace un año y medio, la prensa
lo mencionó como un poderoso inversor en un pool
de siembra. Según la revista Para Ti, la “extrovertida
y sensual” abogada ofrecía por la firma una
jubilación de 150 pesos. Un muchacho de 23 años
que acompañó a su madre al Banco Francés
de Río Cuarto, advirtió que el cheque que
la señora debía endosar era por varias decenas
de miles de pesos, una cantidad impensable para su situación
económica. El muchacho se opuso a que su madre firmara,
intentó apoderarse del cheque y María Pía
lo atacó a carterazos. En medio del escándalo
fueron secuestrados varios cheques. “La nueva señora
Macarrón”, como titula Para Ti, está
inscripta como monotributista. En el allanamiento a su casa
se secuestraron cartas de porte firmadas en blanco y documentos
nacionales de identidad de distintas personas. En enero
el hilo llegó hasta las empresas beneficiarias de
las cartas de porte, que fueron allanadas: la Compañía
Argentina de Granos y FLG Agropecuaria. Según la
AFIP, los cheques “fueron comercializados en una financiera
de la ciudad de Córdoba, Gordon SA”. Los mismos
indigentes eran utilizados por la financiera para cobrar
los cheques por ventanilla y así hacerse de efectivo
sin pagar el impuesto al crédito y al débito
bancario que corresponde por esa operación. Otra
comercializadora de granos e insumos agropecuarios comprometida
era Soybeans SA. Todas ellas están relacionadas y
tenían oficinas próximas en el residencial
barrio cordobés Cerro de las Rosas. Así, esos
hechos, agrega la investigación de la AFIP, permiten
suponer que Cardozo y los demás intervinientes conformaban
una asociación ilícita destinada a la evasión
tributaria”, que vendían como un servicio a
las empresas cerealeras. Esta operatoria no se limita a
un lugar del país. Es una táctica generalizada
en la lucha de clases que el campo, sede de todas las virtudes
patrias, lleva contra la totalitaria máquina de recaudar,
dirigida por el insaciable matrimonio patagón.
Linces y culebras
No es una sorpresa para nadie que el segundo de Alfredo
De Angeli en la Federación Agraria de Entre Ríos,
Juan Alberto Echeverría, es uno de los más
enérgicos líderes de la revuelta libertaria.
La AFIP descubrió que lleva el combate a todos los
terrenos: tiene dos causas penales abiertas en Paraná,
que fueron unificadas y llegarán a juicio oral el
30 de este mes, por evasión fiscal. La más
reciente se inició en febrero de 2006 y la más
antigua en agosto de 2004, es decir mucho antes del actual
conflicto, en el que Echeverría llamó “culebra”
al gobernador Sergio Uribarri porque, dijo, se arrastra
ante el gobierno nacional. Los inspectores María
del Rosario Schmidt y Federico Carlos Vignolo constataron
que vendía cueros a la empresa La Mara SA, que no
figuraban en su declaración jurada del IVA. Además
encontraron que había depositado 114 medias reses
sin documentación que acreditara de dónde
provenían y quién era su propietario, en una
cámara frigorífica de la ciudad de Hernandarias.
En el primer caso se determinó un perjuicio fiscal
de 318 mil pesos y en el segundo de 364 mil. Como Echeverría
está en quiebra no pagó el ajuste determinado
por la inspección. Su quiebra fue declarada el 12
de febrero de 2004, ante el juzgado de primera instancia
en lo civil y comercial 8 de Paraná. El crédito
del fisco verificado y/o admitido en la quiebra es de 1,8
millón de pesos, pero sólo tiene a su nombre
una casa hipotecada y con cláusula de inembargabilidad.
En suma, el líder del reclamo adeuda dos millones
y medio de pesos, lo que, sin duda, lo estimula para llevar
hasta sus últimas consecuencias la lucha contra el
unitarismo fiscal que no deja vivir en paz a la gente de
trabajo.-
(arriba)
La
larga marcha
Varios referentes de la Federación Agraria
pertenecen al partido maoísta o trabajan cerca. El
debate interno que llevó al PCR a alinearse con la
Sociedad Rural. El papel de De Angeli y sus referentes.
Que
entidades tan diferentes como la Sociedad Rural y Carbap
colaboren en el lockout agropecuario con la Federación
Agraria ya es una sorpresa. Más sorpresivo aún
es el rol que tiene el Partido Comunista Revolucionario
entre los autoconvocados y los empresarios del campo que
se referencian con Alfredo De Angeli, que surgió
como uno de los críticos más duros y de más
alto perfil desde Gualeguaychú.
La inserción del PCR, de orientación maoísta
en el lockout, es producto de un fuerte debate interno sobre
cuál era el sujeto revolucionario del campo, capaz
de acompañar la lucha del proletariado industrial.
La disyuntiva era trabajar con los peones rurales y los
agricultores de subsistencia o también incluir a
los productores medianos que trabajan con su familia y eventualmente
contratan mano de obra. Según fuentes de la organización,
el economista Eugenio Gastiazoro, director del semanario
Hoy, fue uno de los que reivindicó desde un comienzo
la necesidad de trabajar con todos los que no fueran “terratenientes”,
mientras que el economista Eduardo Azcuy Ameghino, otro
referente y director del Centro Interdisciplinario de Estudios
Agrarios de la UBA, planteaba articular sólo con
los más pequeños. Finalmente, el debate se
saldó a favor de Gastiazoro. “En los piquetes
agrarios palpita el argentinazo”, dice la tapa del
último número de Hoy. Allí Gastiazoro
reivindica la consigna de “retrotraer la situación
al 10 de marzo” porque las “retenciones en nuestro
país fueron impuestas por los gobiernos oligárquicos
porque de esa manera no tenían que recurrir a impuestos
directos sobre la propiedad o las ganancias de la oligarquía”.
El vicepresidente de la Federación Agraria de Entre
Ríos, Juan Echeverría, forma parte del PCR.
En la edición 1198 del semanario Hoy, publicación
del partido, se hace referencia a los festejos por el 40
aniversario de la organización y en una apostilla
se afirma que en Paraná “el camarada Juan Echeverría
brindó por la unidad del partido junto a los más
pobres y más oprimidos del campo”. En un reportaje,
Echeverría contó que “Alfredo (De Angeli)
dice que él es el músculo y yo el que piensa,
pero no es cuestión de intelecto: somos amigos y
nos complementamos”.
En Entre Ríos conocen la militancia de Echeverría
porque ya en 1983 fue candidato a gobernador por el Partido
del Trabajo y el Pueblo, una variante del PCR. Por eso el
ministro de Gobierno provincial, Adán Bahl, intentó
desacreditarlo durante el lockout al asegurar que “no
lo mueve la situación de los pequeños y medianos
productores, sino sólo apetencias políticas
compartidas por una minoría que nunca logra representatividad
electoral y sólo encuentra en los conflictos una
efímera oportunidad para hacer oír su voz
violenta y agresiva”.
Por fuera de Entre Ríos, el máximo referente
rural del PCR es Carlos Paillole, director nacional de FA,
miembro del Comité Central del partido y uno de los
oradores en el acto del 30 de abril en el Luna Park, donde
la organización celebró sus 40 años.
Paillole también habló en el reciente acto
de la FA en la localidad santafesina de Armstrong y terminó
su discurso con un “Hasta la victoria siempre, compañeros”,
homenajeando al Che. La mayoría de estos productores
forman parte de una corriente interna de FA denominada Chacareros
Federados, surgida en 1995 para disputar la conducción
de la entidad.
También se destaca la participación en los
piquetes de cuadros maoístas. Uno es Alejandro Sologuren,
coordinador provincial de la Corriente Clasista y Combativa
(CCC), que el 20 de mayo fue uno de los oradores durante
el tractorazo que rodeó la casa de gobierno provincial
en Entre Ríos. El martes, los militantes de la CCC
y chacareros de Federación Agraria tomaron la municipalidad
de Gualeguaychú, con la participación del
líder nacional de la Corriente, Juan Carlos Alderete.
De Angeli no reivindica ninguna militancia política
y afirma que su única pertenencia es con la Federación
Agraria. En el PCR lo reivindican y explican la discreción
del vínculo recordando el caso de Carlos “El
Perro” Santillán, tardío en hacer pública
su militancia maoísta. Más allá de
afiliaciones, lo cierto es que actualmente tiene estrechos
vínculos con militantes maoístas.
En octubre de 2000, De Angeli fue uno de los protagonistas
del corte de la ruta 14 para exigir rebajas en el precio
del gasoil y los peajes. En julio de 2001 participó
junto a Miguel Piana, otro dirigente de Federación
Agraria, en la instalación de la “Carpa de
la Dignidad Nacional” que se mantuvo casi un año
en la rotonda de acceso a Chajarí para reclamar por
la situación de los citricultores. Además,
se transformó en un militante ambientalista full
time para protestar contra la instalación de Botnia
en la localidad uruguaya de Fray Bentos, cortando el paso
internacional. El 5 de abril del año pasado fue detenido
por el bloqueo en la puerta de Buquebus. “Vamos a
cruzar el puente, luego vamos a entrar a la planta y, cada
uno de nosotros con un pequeño martillo de medio
kilo, acabaremos con la pastera”, aseguró apenas
lo liberaron.
Su
crítica a las retenciones es furiosa. “Nos
destruyeron la poca rentabilidad que íbamos a tener
y le hicieron creer a la gente que somos los favorecidos”,
aseguró en marzo de 2002, luego de que el entonces
presidente Eduardo Duhalde anunciara una retención
de 10 por ciento para los granos. “Necesitamos tres
años de benevolencia para que nos pongan impuestos”,
agregó pese a que en ese momento los productores
estaban obteniendo una renta extraordinaria, como lo certifican
hasta las cifras publicadas por la revista Márgenes
Agropecuarios, afín al sector.
Duhalde, que ahora se solidariza con los chacareros, el
4 de abril de 2002 elevó el impuesto de 10 a 20 por
ciento. Federación Agraria respondió con un
lockout a fines de mayo y los productores de Entre Ríos
cortaron una vez más la ruta del Mercosur, lo que
motivó la detención de De Angeli. El 24 de
febrero de 2005, De Angeli volvió a cortar la ruta
14 para protestar por la política impositiva de los
gobiernos nacional y provincial y reclamar la renuncia del
entonces secretario de Agricultura, Miguel Campos. “Se
terminó el veranito artificial, ahora estamos en
la realidad, el Gobierno tiene que cambiar sus políticas”,
afirmó.
El cuestionamiento a las retenciones llevó a De Angeli
durante los últimos meses a tejer alianzas con los
sectores más conservadores del campo.
En
Entre Ríos, por ejemplo, convive en los cortes con
Miguel Etchevehere, miembro de la Sociedad Rural. “Antes
resistía los remates judiciales que llevaba adelante
la Rural y ahora corta la ruta con ellos”, señaló
a Páginai12 una fuente de la provincia.
Además,
para recorrer el país utiliza un avión Piper
Dakota de cuatro plazas que le fue cedido por el productor
bonaerense Guillermo Irastorza, vinculado a la liberal Carbap,
donde De Angeli despierta entusiasmo. Esto no es visto como
una contradicción por el chacarero ni por los militantes
del PCR, que dicen estar utilizando a los conservadores
en beneficio propio. Otros, en cambio, creen que es exactamente
al revés. (arriba)
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