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OPINION 

LO POLÍTICO Y LO CONSTITUCIONAL

de: Jorge Francisco Cholvis - columnista de ALIA


Introdución editorial
En este trabajo, su autor lee la realidad analizando que el ciudadano común, apartado de los temas que hacen a sus derechos fundamentales en el marco de la Constitución Nacional, vive en la convicción de que ésta es sólo un instrumento jurídico cuya interpretación está dada sólo a un grupo de juristas o especialistas.

La Argentina, afirma, desde 1955 funciona en un marco constitucional difuso, no resuelto por la reforma de 1994, porque el pueblo estuvo al margen, no participó y por lo tanto, no la conoce. Esta situación persiste en la actualidad, lo que representa un peligro para nuestra nación.

La C. N. es un elevado documento político que institucionaliza un Proyecto de Nación.

Este proyecto debe ser construido, afirma, haciendo un análisis de la Argentina de hoy y  los actos de gobierno del presidente K. Éste, está posicionando a la Argentina en la búsqueda de su  independencia, en el contexto del MERCOSUR y la política exterior que se ejecuta.
Estos actos deben ser conocidos por el pueblo y difundidas sus razones, El reconocimiento y la comprensión por parte del pueblo, resulta imprescindible para crear una nueva alternativa de poder político que logre cambiar las bases de una constitución que nos llevo a la crisis del 2001.
 
Si no se crea un ámbito político orgánico, en el que participen los sectores políticos sociales y económicos de las sociedad, si no se dirimen viejas dicotomías y viejos dogmatismos, si no se supera la desunión del pueblo argentino, el camino emprendido por el actual gobierno, en la búsqueda de lograr la independencia de los poderes internos y externos que nos condicionaron en el pasado, la política del presidente K estará llena de escollos.

En suma, Cholvis insta al debate político imprescindible y urgente, donde se expresen las mayorías, en pos del objetivo de lograr las condiciones que permitan cambiar las bases de la constitución “real”, en pos de otra que institucionalice un nuevo Proyecto Nacional, acorde a la realidad del siglo XXI, en los principios de la Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Los lectores de ALIA tienen la palabra.-  B.L.C.

Agencia Latina de Información Alternativa

Jorge Francisco Cholvis


Argentino, abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (1969). Su actividad profesional se desarrolla en temas concernientes a Derecho Administrativo y Constitucional, y proyectos de Desarrollo. (ampliar aqui) 


                   En la Argentina del siglo XXI los sectores mayoritarios de la Nación prácticamente siguen apartados de temas que hacen a sus derechos fundamentales y a la Constitución, que continúa siendo campo exclusivo para un pequeño sector de juristas que son quienes tienen la facultad de definir criterios al respecto. En el mundo europeo así era hace muchísimos años cuando el patriciado romano tenía la facultad de "decir el derecho" (la iuris dictio), y la plebe luchaba por su derecho para saber cual "era el derecho". En tal sentido, en nuestro país desde hace mucho tiempo el contenido global de la Constitución no cuenta con la voz del pueblo pués al tema se lo tiene como una cuestión inoportuna y fastidiosa, y además se creó la falsa imágen de que ocuparse del mismo es un esfuerzo inútil y que hay que dejarlo para otros tiempos y otras personas. Así, lo que se refiere a la Constitución es postergado ante otras exigencias que tiene la vida cotidiana. Por cierto, ello parte del falso dilema de encarar a la Constitución sólo como un instrumento jurídico y no entenderla como un elevado documento político que institucionaliza un Proyecto de Nación. También encubre la intención de marginar al pueblo en la definición de los objetivos y medios para realizarlo, en especial sobre las normas de política económica constitucional que los abarca. Esa actitud reitera la concepción elitista que durante el siglo XIX tuvo la definición del contenido de la Constitución escrita o jurídico-formal.

                   En la circunstancia histórica que estamos viviendo y que se inicia con la asunción del Presidente Kirchner en el 2003, es imprescindible profundizar el debate político alrededor de estas cuestiones; que por otro lado no son lejanas del que se debe dar sobre las políticas que se ejecutan desde los poderes de gobierno. Ello es necesario, no sólo para lograr la difusión de las políticas en marcha y de sus razones, sino que es el único camino para que las expresiones mayoritarias de la Nación estén compenetradas con ellas, y así confluyan orgánicamente en una nueva alternativa de poder político que logre cambiar las bases de la Constitución real que nos llevó a la crisis del 2001, y que aún predomina en el país. Es que la Constitución real es la suma de los factores de poder -tanto internos como externos- que predominan en una sociedad determinada, y no se puede afirmar todavía que ellos hayan cambiado sustancialmente en la Argentina. Sin embargo, como el anhelo de Justicia es inherente a la índole humana pese a la terca resistencia de los derechos adquiridos, en la infraestructura sociológica de la Constitución subyace la lucha por el predominio político y pugnan los ideales que surgen del pueblo por una Constitución mejor contra la obstinación oligárquica en resistir la transformación de la Constitución.

                   La Argentina está funcionando con un marco constitucional “difuso”, precisamente por las circunstancias políticas que se inician con el quiebre de la legalidad constitucional por el golpe de Estado de 1955, las que se acentuaron a partir de la última dictadura militar de 1976 y el plan económico “neoliberal” que aplicó desde el 2 de abril de ese año, y que los gobiernos posteriores a 1983 que tuvo el país dieron continuidad. Ello no fue resuelto con la reforma constitucional de 1994, pues las caracterísiticas del proceso político que llevó a su sanción impidieron que el pueblo tuviera participación, y de esa forma se perdió la oportunidad de recurrir al único medio que habría permitido hacer tambalear a la Constitución real que condicionaba la reforma. Desde su inicio fue impulsada por un acuerdo de “cúpulas” en donde el pueblo estuvo ausente, y después también se mantuvo al margen de ella; por tanto, no la conoce. Lo cual no es el marco adecuado para legitimar e impulsar una nueva etapa en la vida constitucional de la Nación. Casi se puede decir, que significó un camino similar al que se transitaba para sancionar o reformar las constituciones en el siglo XIX.

                   Una Constitución que en esencia es un proyecto de país institucionalizado al mas alto rango normativo, no puede lograr vigencia plena sin el apoyo de las mayorías. En esa situación ese texto va camino a transformarse en una Constitución “nominal”.

                   Las interpretaciones constitucionales y políticas que desde distintos ángulos se emiten con pretenciones de rescatar la “verdad” jurídica, generalmente se realizan desde una definida posición política y por tanto con ese disfraz encubren el orígen desde el cual parten. Ciertamente, el espacio que va desde la Constitución escrita a la Constitución “real” se nutre con la “interpretación” de la Constitución. Pero ello, no se contrapone con lo que sostenemos, sino que por el contrario lo ratifica. Hay que tener muy en claro que cuando se tratan estos temas estamos en un ámbito eminentemente político. Una Constitución puede recibir una interpretación estática que sostenga el statu quo, o una interpretación dinámica, que mira hacia el futuro y sostiene la aspiración de un sector de la sociedad por el progreso social. Cuando dicho sector social adquiere el predominio político, adopta la interpretación “revolucionaria” o de lege ferenda y después institucionaliza su proyecto político en un nuevo texto constitucional. Tal es lo que sucedió en nuestro país con la Constitución Nacional de 1949.

                   O sea, hablar de la Constitución es encontrarse en el plano político, y recíprocamente cuando se adopta una actitud política o una decisión institucional, se está utilizando un criterio de interpretación constitucional acorde a determinados intereses. El punto pasa entonces en saber a qué intereses defiende esa interpretación de la Constitución: si a satisfacer los intereses de unos pocos en base a una concepción oligárquica o al progreso de la Justicia, que en realidad es la finalidad natural de la Constitución. 

                   Los sectores que usufructuaron el poder político, a través de sus “juristas” a quienes autoadjudicaron la cualidad de ser los habilitados para “decir el derecho”, o también mediante los políticos que lo aplicaron por intermedio de las instituciones del Estado que detentaban, sólo realizaron la defensa de sus intereses sectoriales, y no los del país y su pueblo. Actuaron en contra del fin natural de la Constitución, que es el “bienestar general”, es decir la Justicia Social en su más alta expresión. Por consiguiente, corresponde ahora ingresar decididamente a un debate abierto e inteligible para que el pueblo conozca dicha circunstancia, como asimismo las razones de las medidas que se están adoptando actualmente por el gobierno nacional en pos del nuevo País de los Argentinos. Ello será un soporte de máximo rango para su efectiva vigencia.

                                                           *      *      *

                   Es que el tema constitucional no pasa sólo por la Constitución escrita, que está sujeta férreamente por la Constitución real, ni es exclusivamente un tema jurídico, sino que principalmente se encuentra en el ámbito del poder político y de un proyecto de nación compartido por un pueblo organizado y partícipe directo de su institucionalización al más alto rango normativo.

                   Por ello, si no se logra conformar un ámbito político orgánico en el cual participen los distintos sectores de la vida nacional -tanto políticos, como sociales o económicos-, la desunión del pueblo argentino impedirá que se modifiquen los factores reales y efectivos de poder -tanto internos, como en especial los externos-, que ya predominaban en la Argentina y que se incrementaron enormemente en la pasada década del noventa. Si perdura esta situación, generará no pocos ni pequeños escollos a la ejecución de las políticas que el Presidente Kirchner impulsa en la Argentina.

                   A este respecto, veamos la respuesta que hace poco tuvo que dar ante las informaciones que le llegaron sobre expresiones de la representante comercial estadounidense Susan Schwab, en relación a que su país evalúa retirar a la Argentina del denominado Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Con inmediata reacción el Presidente Kirchner le respondió: “La Argentina sabe lo que tiene que hacer. Ya sabe lo que es ser un país dependiente, sabe lo que fue subordinarse a políticas que tuvimos que soportar en el pasado”, y concluyó acertadamente señalando que “la Argentina toma sus propias decisiones, que esto quede absolutamente claro” (v., La Nación, agosto 9 de 2006). El contenido de esta respuesta debió ingresar al debate cotidiano, y enfrentar la crítica que hacen los mismos sectores económicos y políticos que condujeron nuestro país a la situación de la cual ahora se trata de salir. Cabe sostener las razones que llevaron al Presidente Kirchner a señalar esos conceptos, lo que debió merecer un actuar institucional acorde en el ámbito del Poder Legislativo. Es imprescindible acompañar y defender dichas definiciones políticas, como asimismo otras similares que el Presidente está adoptando en los distintos planos de la vida nacional; se deben transmitir y hacer conocer los fundamentos que las impulsan, en un debate que no debemos tener temor a enfrentar. Sólo así, a través del pleno conocimiento de sus motivos podrá lograrse una acción conciente de los distintos sectores sociales, que son quienes finalmente las habrán de apoyar y sostener.

                   El Presidente está poniendo las cosas en su lugar y hay que acompañarlo en ese camino. La ecuación independencia política formal - dependencia económica real, por más que se la quiera marginar expresa la contradicción polar, característica de la sociedad internacional contemporánea. La misma subraya la situación de la mayoría de los países indesarrollados y define los rasgos esenciales del neocolonialismo que todavía sufren esos países. El primero de esos elementos apunta a los datos jurídico-institucionales que conforman el concepto de soberanía estatal; el segundo, en cambio, traspasa los velos de la estructura institucional y muestra una situación de subordinación, de falta de verdadera autonomía, que se contrapone al concepto legítimo de soberanía. La falta de independencia económica lleva a la pérdida de la independencia política, pués como actualmente se observa en muchos países, quien controla la economía de un Estado domina también su política nacional e internacional. Dependencia económica y dependencia política son dos expresiones o facetas de un mismo fenómeno, y una gravita sobre la otra merced a un incesante proceso de flujo y reflujo. Por otra parte, dependencia económica y subdesarrollo operan como factores en directa interacción y aseguran la subsistencia de las estructuras que impiden una efectiva vigencia de la soberanía. Ello incide directamente en el condicionamiento socioeconómico que ocasiona la falta de vigencia en los derechos económicos, sociales y culturales, lo que afecta a la mayoría de la población.

                   El contenido de la soberanía se encuentra regido por las condiciones concretas en que un Estado determinado se exterioriza como tal, y en las actuales condiciones del mundo contemporáneo la noción de independencia económica surge como un dato indispensable para integrar el concepto de soberanía.

                   Hoy los pueblos del mundo afrontan el desafío de reafirmar su personalidad y autonomía. Para ello, también debemos acentuar el debate y la participación, y sin sectarismos avanzar en todas las formas de intercambio de ideas, en el plano de la política y la cultura. También se debe profundizar el conocimiento de nuestro proceso histórico que es el que nos ha llevado al momento actual. Como lo señaló en su momento Arturo Jauretche, “lo que se nos ha presentado como Historia es una Política de la Historia”, al servicio de un proyecto de nación inconcluso.

                   Perón nos mencionaba la unidad latinoamericana y la necesidad de integrar nuestras naciones, principio que está en plena vigencia y se encuentra en ejecución con la política exterior del Presidente Kirchner, en el ámbito del Mercosur y de otras naciones hermanas. Debemos unir a nuestros países en el camino de la independencia y el desarrollo socioeconómico. Sólo por la acción de los pueblos, la Argentina y los países indoamericanos conquistarán la emancipación económica.

                   La difícil tarea es delinear un espacio donde se puedan superar epidérmicas y circunstanciales diferencias, y contribuír así al examen y debate de los más serios problemas nacionales, que posibilite lograr el objetivo primordial de instituír un Proyecto Nacional acorde con las aspiraciones y necesidades actuales de nuestro Pueblo. En la senda hacia ese alto objetivo, el accionar de los sectores mayoritarios que lo impulsen otorgará la legitimidad y la fuerza requerida para efectivizar las decisiones que vaya tomando el gobierno nacional, a fin de alcanzar el desarrollo socioeconómico, lo que permitirá obtener los bienes materiales y culturales que todo argentino de bien desea y merece.

                                                           *     *     *

                   Para esta nueva etapa que está transitando la Argentina adquiere vital relevancia la participación popular en todos los órdenes, y es necesaria la presencia de hombres y mujeres identificados con el pensamiento nacional y popular. Ello es indispensable para salir definitivamente de la profunda crisis a que nos condujo el neoliberalismo “salvaje” y “corrupto”, que se aplicó en el país. Sabemos como penetró y se impuso tal ideología en los sectores dirigentes. Ese resultado se produjo al amparo de las políticas económicas que se aplicaron en la Argentina, con el diseño y bajo la supervisión de los organismos internacionales de crédito y con el auspicio y apoyo de los países de alto desarrollo, como también de los enormes conglomerados del capital financiero internacional y la connivencia de grandes grupos económico-financieros nacionales (la “patria financiera”); y así, en especial durante los años noventa, el país funcionó de manera prácticamente continua bajo las directivas y el estrecho seguimiento de un programa respaldado por el F.M.I., B.M y otras instituciones financieras internacionales.

                   Para que no les quede dudas a nadie el Presidente Kirchner, también afirmó recientemente que “la Argentina se libró de las ataduras que tenía con el Fondo” (Página 12, agosto 11 de 2006). Ya no cabe discusión que esas instituciones financieras por distintos caminos intervinieron en la formulación de las políticas económicas que durante muchos años se aplicaron, en particular con los acuerdos “stand by”, las misiones especiales, los créditos condicionados y los programas de “ajuste”. Su consecuencia fue el parate económico, la desocupación y las enormes carencias que dejó en el pueblo argentino. 

                   Quizás la mayor de las dificultades a vencer, casi insalvable hasta el presente, es el enfrentamiento de los proyectos del campo popular, divorciados entre sí a partir de los dogmatismos de aquéllos que porfían imponer ideas abstractas o alejadas de los problemas de nuestra realidad. Es imprescindible erradicar las falsas antinomias o sectarismos estériles, y evitar un nuevo desencuentro en las filas del pueblo, que es lo peor que le puede ocurrir a la Nación.

                   Los objetivos, estrategias, planes y proyectos más adecuados a cada situación, lugar y circunstancias, sólo pueden ser bien elaborados por personas consustanciadas con un claro sentido nacional y compromiso de servicio en función de los intereses del país y de su comunidad. Pero, para su debida ejecución  no alcanza con la inteligencia, compromisos y conocimientos de quienes los preparen, porque es indispensable también que el mismo pueblo reconozca la importancia de esa acción, valorice sus propuestas y se integre en los distintos roles que requiere la construcción mancomunada de una nueva realidad política, económica y social que comprenda a todos los sectores populares. Para ello será necesario ir definiendo los procedimientos y la metodología para lograr esa participación.

                   Las diversas campañas que se están ejecutando para torcer el rumbo iniciado, sólo son actitudes recientes de la vieja táctica de los sectores dominantes, que la oligarquía nativa usó y sigue usando en forma solapada. Cuando saben que peligran sus intereses, intentan o pretenden confundir para que no hagan mella a su poder real. Su trama tiene estos tiempos: primero disuaden con la astucia y luego someten por la violencia, institucionalizada o nó. El golpe de Estado y el terrorismo que desde allí aplicó es su último recurso. Por ello es imprescindible recordarlo y confrontar políticas. Hacer llegar al Pueblo las razones que impulsan el nuevo Proyecto es el arma más potente que existe para vencer esa trama perversa y enfrentar a los sectores que se oponen al cambio social en la Argentina.

                  

"Para finalizar, cabe remarcar que para modificar la Constitución “real” que aún rige en la Argentina, es prioritario construir el motor del proceso social que lo lleve a cabo, la alternativa efectiva de poder político nacional que nos permita concluir con todas las causas que postraron a la Nación, y apartar a todos los sujetos que las facilitaron. Luego, el cambio de la Constitución real producirá en ese momento la necesidad de una nueva Constitución escrita que institucionalice en una Asamblea Constituyente un nuevo Proyecto Nacional para el país de los Argentinos, con procedimientos y metodología adecuados y propios para ello, acordes a nuestra realidad del siglo XXI. Sólo así seremos definitivamente una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, como rezaba el preámbulo de la Constitución Nacional de 1949.


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